Ejemplar levantamiento del pueblo boliviano

Por Francisco Cabrera[*]

Con la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Losada, el 17 de octubre concluyó la histórica batalla emprendida desde hacía un mes por el abnegado pueblo boliviano para evitar la venta del gas a México y los Estados Unidos. Ochenta muertos y centenares de heridos fueron el resultado de la obstinación de la oligarquía por doblegar la rebeldía de las masas. Esta página, escrita con sangre, está llena de hermosas lecciones de heroísmo y de ricas enseñanzas para los pueblos de la América pobre que combaten por romper las cadenas de la dominación imperialista.

Los yacimientos de gas bolivianos constituyen una enorme riqueza. Después de las de Venezuela, sus reservas de 57,4 trillones de pies cúbicos son las segundas del continente, y su valor se estima en 80 mil millones de dólares. En ese país, el más pobre de Suramérica, sus gentes martirizadas ven el gas como la última esperanza para el desarrollo nacional y no están dispuestas a que les pase lo mismo que con la plata de Potosí, que durante la colonia enriqueció a Europa e impulsó el ascenso del capitalismo en aquellas naciones, dejando a Bolivia solo miseria y la muerte de sus mineros en los socavones; o lo acontecido con el estaño de Oruro saqueado sin tasa ni medida por las multinacionales norteamericanas.

La venta del gas era la última etapa de un proceso en el que el gobierno venía empeñado desde varios años atrás. En 1996, se expidió la Ley que permitió la enajenación de los hidrocarburos y que otorgó favores a las multinacionales como la reducción de impuestos de 50% a 18%. La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, se fragmentó en tres unidades para luego, en 1997, en medio de gigantescas protestas, entregar al capital privado los negocios por separado. De las dos unidades de exploración, perforación y producción que se crearon, una se le entregó al consorcio Petrolera Andina, conformado por las empresas de capital argentino y español Perez Companc, Plus Petrol y YPF; la otra quedó bajo el control de Petrolera Chaco, de la norteamericana Amoco, subsidiaria de Exxon Mobil. Los ductos, poliductos y oleoductos del país quedaron en manos de Transredes, consorcio formado por las empresas Enron, gringa, y Shell, holandesa. Para la exportación del gas las trasnacionales Repsol-YPF, British Gas (BG) y Panamerican Energy, subsidiaria de British Petroleum, crearon en junio de 2001 el consorcio Pacific LNG, adjudicatario del campo Margarita, ubicado en Tarija, el más grande yacimiento hidrocarburífero de Bolivia con 13,42 trillones de pies cúbicos de gas y 303 millones de barriles de petróleo. El reparto de utilidades anuales en el negocio será de 1.396 millones de dólares para las multinacionales y para Bolivia la miseria de 80 millones.

La guerra del gas es la cuarta de una oleada de luchas en las que los dignos herederos de Tupaj Katari han obtenido resonantes victorias: en abril de 2000 derrotaron los intentos de privatizar el agua; en 2001 y 2002 frenaron las medidas de erradicación de cultivos de coca mediante fumigaciones y las que prohibían la comercialización de la hoja ligada hondamente a las tradiciones del pueblo boliviano; en enero-febrero de este año una verdadera insurrección en la que hubo más de 30 muertos y en la que se sublevó hasta la policía, hundió el «impuestazo», medida dictada por el FMI para gravar los salarios.

«¡El gas no se vende!»

Cuando el gobierno de Sánchez de Losada, «el Goni», anunció que la Pacific LNG construiría una tubería para llevar el gas desde Tarija al puerto chileno de Mejillones, en donde se construiría una planta de licuefacción para de allí embarcarlo hacia México y California, el pueblo replicó: «¡El gas no se vende, se queda en Bolivia para su industrialización!».

Con esta consigna, el 13 de septiembre se iniciaron en Cochabamba los cortes de caminos ordenados por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Csutcb, y para el 19 se convocó el Día Nacional en Defensa del Gas que contó con multitudinarias movilizaciones en todo el país. El 20, el gobierno, bajo la presión de las embajadas norteamericana e inglesa, organizó un operativo para el rescate de un grupo de turistas a quienes los bloqueos impedían salir de la localidad de Sorata y, a la altura de Warisata, el ejército arremetió violentamente contra los pobladores que oponían una fiera resistencia; en los choques murieron seis campesinos, entre ellos una niña de ocho años. Un grito de rabia y de dolor se escuchó a lo largo y ancho de la tierra de los aymaras, los quechuas y los guaraníes: ¡Goni, asesino! ¡Que se vaya Goni! A las reclamaciones frente al gas se sumó la exigencia de la renuncia de un presidente arrodillado ante los gringos y despiadado con el pueblo. Aquella masacre en el altiplano acrecentó la indignación general y nuevos contingentes se vincularon a la lucha. En algunas regiones los campesinos, dispuestos a defenderse de la barbarie oficial, desempolvaron viejos fusiles usados 70 años atrás en la guerra del Chaco.

El 24 de septiembre la Central Obrera Boliviana, COB, presidida por el minero Jaime Solares, llamó a la huelga general indefinida a partir del 30 de ese mes. La parálisis fue total. Con el paso de los días crecía la beligerancia; el 2 de octubre se realizó un paro cívico en El Alto en protesta por las muertes de Warisata; decenas de miles de mineros salidos de los socavones de Huanuni y Oruro se incorporaron con arrojo a los combates y el 7, mil de ellos iniciaron una marcha rumbo a La Paz; los cortes de caminos las movilizaciones y los enfrentamientos con la participación de indígenas, campesinos, obreros, artesanos, transportadores, desempleados y estudiantes se extendieron a Santa Cruz de la Sierra, Potosí, Sucre, Achacachi y a todo el altiplano y descendieron sobre las tierras cálidas en donde los labriegos del Chapare, curtidos en las contiendas de los años 2001 y 2002, se sumaron al fragor de la rebelión. La Paz quedó prácticamente sitiada. Particularmente intensos fueron los enfrentamientos en El Alto, declarado en paro cívico indefinido desde el 8; allí las masas insurrectas levantaron barricadas que impedían toda circulación, a lo cual el ejército respondió con una matanza: 34 vecinos fueron asesinados entre el 11 y el 12 de octubre. Aquello, antes que amedrentar al pueblo, fue como si se hubiese echado gasolina a una hoguera. El 13, una marcha de 5.000 mineros armados con 8.000 cachorros (tacos) de dinamita partió desde Huanuni y Oruro hacia La Paz, en donde se agigantaba un hervidero de ríos humanos al grito de «¡fusil, metralla, el pueblo no se calla!» y «¡Goni cabrón, te espera el paredón!»; desde varias regiones, campesinos y pobladores se habían puesto también en movimiento. El 16, en Patacamaya, los mineros rompieron con petardos el cerco del ejército que pretendía impedir su avance y el 17 arribaron a la Paz, en donde una abigarrada multitud de 250.000 rebeldes se había puesto cita para no moverse de allí hasta sacar del gobierno a Sánchez de Losada, y hasta cuando se diera solución a sus demandas. Ese mismo día «el Goni» y sus allegados salieron huyendo hacia Miami. Los rostros cobrizos de la muchedumbre concentrada en la Plaza San Francisco se iluminaron de júbilo y un coro de victoria se elevó desde las cumbres andinas hacia el limpio cielo de Bolivia: «¡Goni cabrón, el pueblo te ha vencido!»

La crisis enseña…

Sánchez de Losada se sustentó en el respaldo de la embajada norteamericana, las multinacionales y una oligarquía boliviana de burgueses y terratenientes cuya expresión política era la alianza de los partidos derechistas Nueva Fuerza Republicana, NFR, dirigida por Manfred Reyes Villa, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, de Jaime Paz Zamora y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, del propio Sánchez de Losada. Conforme fue agudizándose la crisis, aumentaba el resquebrajamiento del régimen. Después de la masacre de El Alto, el vicepresidente Carlos Mesa Gisbert, un historiador, consentido de los medios de comunicación, le quitó públicamente su respaldo al presidente, pero cuidándose de no renunciar, cosa que sí hicieron el ministro de Desarrollo Económico, la cuota del MIR, y los tres ministros de la NFR. Desde Washington el Departamento de Estado tronó que no permitiría «ninguna interrupción del orden constitucional» en Bolivia y ratificó su respaldo al gobierno. A pesar de la negativa de algunos uniformados a disparar contra el pueblo y de los rumores sobre posibles desgajamientos de sectores de las Fuerzas Armadas, el «Goni» fue respaldado por estas hasta el final a punta de bala.

Las capas medias, que por su número son el principal apoyo social al régimen, reaccionaron ante las masacres y terminaron repudiándolo, hasta el punto de que algunos sectores se volcaron a las iglesias de las ciudades y se declararon en huelga de hambre exigiendo la renuncia del criminal gobernante. Este fue un síntoma de que la situación se tornaba insostenible. Por ello, cuando las marchas procedentes de todo el territorio comenzaron a llegar a La Paz el 16 de octubre, David Grenlee, el embajador norteamericano, el verdadero mandamás, visitó al vicepresidente e hizo los arreglos para una transición constitucional.

En su discurso de posesión Mesa se comprometió a realizar un Referendo sobre el tema del gas, a convocar una Asamblea Constituyente y a reformar la Ley de hidrocarburos, asuntos que habían sido planteados por las organizaciones que encabezaron las protestas. Evo Morales, líder de los cocaleros del Chapare y jefe del Movimiento al Socialismo, MAS, la segunda fuerza política de Bolivia, partidario desde un principio de la salida constitucional, se apresuró a brindar su respaldo a Mesa, llamó a la desmovilización y pidió que se le diera, sin presiones, un compás de espera al nuevo mandatario. A diferencia de Morales, Felipe Quispe, presidente de la Csutcb, y cabeza del Movimiento Indígena Pachakuti, MIP, se mostró desconfiado y puso un plazo de 90 días para que Mesa cumpliera lo prometido, o de lo contrario, los indígenas y campesinos volverían a la lucha y a los cortes de caminos.